– Ante la reforma judicial, los trabajadores declaran formalmente su ‘paro de labores’ a partir de este miércoles.
Redacción – Xalapa, Ver.; 20 de agosto de 2024.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) publicó este martes la declaratoria de suspensión de labores en órganos del Poder Judicial de la Federación en rechazo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el documento publicado, las actividades serán difundidas a partir de las 00:00 horas de este miércoles 21 de agosto en los plenos regionales, tribunales colegiados, juzgados de distrito, tribunales laborales, centros de justicia penal federal y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Esta declaratoria de ‘paro’, no aplica para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La suspensión continuará hasta que los legisladores detengan en el Congreso de la Unión el proceso de reforma judicial y la instalación de una mesa de diálogo.
“La declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general y de los integrantes de la judicatura”, se lee en el comunicado.
Asimismo, se plantea la creación de un comité que tomará decisión en el diálogo, conformado por la directora de la Jufed, la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez y seis “integrantes del sistema de carrera judicial de reconocida trayectoria”.
También, explica que pretenden reencausar la discusión pública para una reforma “bien meditada”.
La Jufed está integrada por magistrados, jueces federales y secretarios en funciones, que el lunes votaron, en su mayoría, por unirse al paro nacional.
“Dada la validez jurídica de esta declaratoria, esperamos que las autoridades competentes y, en especial el Consejo de la Judicatura Federal, respeten puntualmente los derechos (desde luego, los laborales y de seguridad social) de los servidores públicos que trabajan en los órganos jurisdiccionales”, manifiesta la Asociación.
