– Autonomía universitaria invocada como escudo: la crisis de legitimidad en la Universidad Veracruzana.
En la Universidad Veracruzana (UV) actualmente se vive una crisis de legalidad debido a que la Junta de Gobierno decidió extender de manera ilegal una prórroga al actual Rector Martín Aguilar Sánchez. Estas acciones ilegales se llevaron a cabo invocando la autonomía universitaria para que no hubiera intervención externa para resolver la controversia: se cita la normatividad interna, como si estos conceptos existieran para proteger a quienes gobiernan la institución, y no para garantizar los derechos de su comunidad universitaria. Como si la autonomía fuera un escudo absoluto, capaz de justificar:procedimientos opacos; interpretaciones normativas forzadas; decisiones cerradas al debate; y, la prolongación de un mandato rectoral cuestionado por amplios sectores.
La autonomía no es un fin en sí misma: nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes institucionales:legalidad, transparencia, participación de la comunidad, rendición de cuentas: la autonomía no significa que exista un Estado dentro de otro Estado, un país dentro de otro país, por ello la UV está obligada a respetar las leyes mexicanas.
Cuando un órgano de gobierno universitario —llámese Junta de Gobierno—
interpreta las normas de modo tal que concentra decisiones, reduce los contrapesos y prolonga en el cargo a una autoridad cuya continuidad es objeto de controversia, la legitimidad que da sentido a la autonomía se debilita, resultado de haber sido violada.
El problema no es únicamente quién ocupa la rectoría.El problema es cómo se decidió.
Cuando una parte significativa de académicos, estudiantes y trabajadores percibe que las reglas fueron flexibilizadas para justificar una decisión previamente tomada, la autonomía deja de ser garantía institucional y comienza a percibirse como retórica de conveniencia; por ello es necesario restablecer la autonomía de la UV, y ahí justamente entra la competencia del Congreso Legislativo de Veracruz, quien es la única instancia legal para realizar una interpretación autentica de la normatividad de nuestra máxima casa de estudios.
La UV no es propiedad de un grupo, ni de una administración, ni de un órgano colegiado: es una institución pública, sostenida por la sociedad veracruzana, justo por ello es que su gobierno debe responder a principios de legalidad y legitimidad, no solo a interpretaciones internas autosuficientes.
Defender que “todo se resolvió conforme a norma” sin abrir la discusión sobre cómo se interpretó esa norma, equivale a pedirle a la comunidad universitaria que acepte sin preguntar. Pero una universidad crítica, por definición, no acepta sin preguntar. Cuando no existen canales efectivos de revisión, cuando los procesos carecen de transparencia suficiente, y cuando las decisiones se comunican como hechos consumados,se rompe el pacto básico entre autoridad y comunidad.
Y entonces la autonomía —creada para proteger la libertad académica— corre el riesgo de convertirse en blindaje de decisiones cerradas. No se trata de ideologías; no se trata de bandos; se trata de un principio elemental:
ninguna autoridad universitaria puede reclamar legitimidad plena si una parte sustantiva de la comunidad considera que el proceso fue irregular o insuficientemente transparente.
Defender que la comunidad “debe aceptar y seguir adelante” es, en la práctica, normalizar la pérdida de confianza institucional. Y ninguna universidad puede cumplir su misión —formar pensamiento crítico, producir conocimiento, servir a la sociedad— si internamente predica obediencia sin deliberación.
La controversia actual en la Universidad Veracruzana no es una anécdota administrativa. Es una señal de advertencia. Porque cuando la norma se interpreta para justificar el poder, la autonomía se vacía de contenido. Pero cuando la norma se respeta para garantizar legitimidad, la autonomía se convierte en verdadero patrimonio universitario. La UV aún está a tiempo de abrir procesos, de transparentar decisiones,de escuchar a su comunidad, de reconstruir confianza, porque una institución que enseña a pensar críticamente no puede gobernarse pidiendo silencio.
Más allá de la técnica jurídica, el debate actual en la Universidad Veracruzana revela una tensión real entre autonomía como principio rector y su aplicación práctica en el gobierno institucional. Las normas —como los artículos 10 de la Ley de Autonomía, 36 de la Ley Orgánica y 25 del Estatuto General— existen para estructurar procesos, no para ser invocadas como monumentos incuestionables cuando la interpretación favorece a determinadas decisiones.
Y cuando una parte sustantiva de la comunidad universitaria percibe que los procedimientos se adaptan a conveniencias, no a la letra y espíritu de la normatividad, la autonomía deja de ser garantía institucional y se vuelve argumento de resistencia.
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