– La universidad que Veracruz necesita: educación sin exclusiones
La lectura de los artículos que recientemente publicó el Dr. Francisco Berlín Valenzuela, con quien tuve el honor de participar en la fundación de El Colegio de Veracruz, invita a una reflexión indispensable: la democracia requiere una ciudadanía capaz de comprender, cuestionar y participar en las decisiones públicas. Desde mi perspectiva como economista, considero que esta discusión debe vincularse estrechamente con la educación y con las condiciones materiales que permiten ejercer la libertad.
La distinción que propone entre democracia formal y democracia sustantiva permite profundizar en este problema. La primera comprende las normas, las elecciones y los procedimientos para acceder al poder; la segunda obliga a examinar cómo se ejerce ese poder, a quién sirve y qué controles impiden su abuso. Desde la economía, añadiría una pregunta: ¿qué tan democrática es una sociedad cuando reconoce derechos, pero mantiene condiciones que impiden a una parte de su población ejercerlos efectivamente?
La pobreza, la precariedad laboral y la desigualdad limitan las posibilidades de participación: construir democracia también exige garantizar oportunidades, empleo digno y educación. Coincido con el Dr. Berlín Valenzuela en que los apoyos sociales deben garantizar derechos y preservar la libertad política de quienes los reciben.
En este horizonte, la universidad pública tiene una responsabilidad fundamental como promotora de movilidad social: esta consiste en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida respecto de la familia de origen: es decir, que una hija o un hijo de trabajadores del campo, del comercio o de cualquier hogar con ingresos limitados pueda acceder a una formación profesional, ampliar sus oportunidades laborales y construir un futuro que no esté determinado por su nacimiento.
Debo aceptar que la baja cobertura que ofrece la Universidad Veracruzana (UV), lo cual asciende a alrededor del 10%, para los más de 600 mil jóvenes de entre 18 y 22 años que registra Veracruz, tampoco significa que quienes no estudian en la UV estén todos fuera de la educación superior, pues existen otras instituciones; sin embargo, las estadísticas oficiales confirman un rezago estatal. Según la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 2024–2025 Veracruz registró una cobertura escolarizada de educación superior de 26.6%, frente al 34.1% nacional, lo que lo situó como la sexta entidad con peores condiciones de cobertura del país. Estas cifras muestran que la existencia de otras instituciones no elimina la brecha educativa y refuerzan la necesidad de ampliar las oportunidades de formación universitaria en Veracruz. Aun con estas precisiones, la pregunta de fondo permanece: ¿qué oportunidades reales tiene un joven cuyo lugar de residencia, ingreso familiar o necesidad de trabajar le impiden acercarse a la universidad? Cuando esas condiciones deciden quién puede estudiar, la igualdad reconocida en las normas no se convierte en igualdad efectiva de oportunidades. Esa distancia constituye un déficit de democracia sustantiva.
Si una universidad se aleja de los fines sociales que justifican su existencia, debemos preguntarnos ¿A quién está sirviendo, cómo utiliza sus recursos y qué prioridades orientan sus decisiones? El incumplimiento de su misión no borra el trabajo valioso de docentes, investigadores y estudiantes; exige identificar responsabilidades y corregir el rumbo. La legitimidad social de sus autoridades también debe valorarse por su capacidad para ampliar oportunidades, apoyar el desarrollo regional y atender necesidades colectivas, con metas verificables y explicaciones públicas sobre lo que se logra y lo que permanece pendiente. Por ello, me preocupa profundamente la subordinación de la vida universitaria a intereses de poder ajenos a sus fines académicos.
La controversia sobre la prórroga rectoral de la UV vuelve especialmente pertinente la reflexión del doctor Berlín Valenzuela. La Junta de Gobierno sostiene que su decisión tiene fundamento jurídico; desde mi posición crítica, considero que la continuidad cuestionada y las respuestas institucionales recibidas no han despejado los señalamientos sobre su legalidad. Mi preocupación alcanza la actuación de las instancias judiciales locales y federales: considero que las respuestas obtenidas han contribuido a preservar la situación impugnada. El problema democrático es profundo: los controles institucionales deben permitir revisar efectivamente el ejercicio del poder. La permanencia de una autoridad no resuelve, por sí misma, las objeciones sobre su legitimidad, y negar una suspensión no equivale necesariamente a decidir el fondo de una controversia. La estabilidad universitaria requiere certeza jurídica, razones públicas y vías efectivas para examinar los reclamos. Sobre el particular, debo señalar con gran respeto, que aún hay un pendiente por resolver por parte del Congreso Legislativo de Veracruz: la interpretación auténtica de las leyes que rigen a la UV.
La experiencia autoritaria de las décadas de 1950 y 1960, cuyo episodio más doloroso fue la represión del 2 de octubre de 1968, obliga a recordar las consecuencias de tratar el pensamiento independiente como una amenaza. Sin equiparar mecánicamente momentos históricos distintos, debemos defender a la universidad como espacio de pluralidad, discusión informada y formulación de propuestas. Por estas razones, considero necesario que los veracruzanos participemos en el rescate de nuestra universidad. Rescatarla significa recuperar plenamente su misión social, defender su autonomía y exigir que quienes la gobiernan respondan a la comunidad y cumplan las normas. Esta tarea corresponde a universitarios y ciudadanía, con respeto a las atribuciones de la institución y sin convertirla en instrumento de partidos o gobiernos. La autonomía protege la libertad de enseñar, investigar y debatir; también demanda responsabilidad por el uso de los recursos públicos.
Ojalá y esta reflexión llegue a quienes desde ahora aspiran a gobernar Veracruz a partir del 2030. Ese rescate debe traducirse en compromisos concretos: ampliar las opciones educativas en las regiones con mayores barreras de acceso; acompañar a los estudiantes para que permanezcan y concluyan sus estudios; vincular la investigación con los problemas del territorio; y evaluar públicamente los resultados. Una institución que pertenece a Veracruz debe permitir que más familias encuentren en ella una oportunidad efectiva de mejorar su vida.
Defender a la Universidad Veracruzana implica proteger su capacidad académica y acercarla a quienes todavía no encuentran en ella una oportunidad. La democracia sustantiva se fortalece cuando el poder rinde cuentas y cuando el origen social o el municipio de nacimiento dejan de determinar el futuro de una persona. Rescatar nuestra universidad es recuperar su capacidad de abrir ese futuro.