– El diputado local y delegado del PT en Veracruz, también pide dar seguimiento a las denuncias por presunto daño patrimonial.
Xalapa, Ver.; 3 de noviembre de 2026.- El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, informó que desde el Congreso de Veracruz han presentado iniciativas para prevenir los fraudes inmobiliarios, conocidos como el llamado “cártel inmobiliario”, mediante mecanismos que permitan dar mayor certeza jurídica a quienes compran y venden propiedades.
Explicó que una de las propuestas consiste en establecer una ficha informativa obligatoria entre compradores y vendedores, en la que se especifiquen las características del terreno, su situación jurídica y si cuenta con las condiciones necesarias para poder escriturarse en el futuro.
El objetivo, dijo, es que las personas tengan información clara antes de realizar una operación inmobiliaria y puedan verificar que quien ofrece una propiedad realmente cuenta con los derechos legales para venderla.
Otra de las iniciativas consiste en implementar una alerta patrimonial, similar a las notificaciones que reciben los usuarios cuando realizan movimientos con sus tarjetas bancarias.
Díaz Ávila explicó que, cuando un inmueble entre en algún procedimiento jurídico y un juez notifique al Registro Público de la Propiedad, también se genere una alerta telefónica para informar directamente a la persona que aparece como propietaria.
De esta manera, señaló, los ciudadanos podrían enterarse oportunamente de cualquier procedimiento que involucre sus bienes y ejercer su legítima defensa antes de que se concrete alguna afectación a su patrimonio.
En otro tema, el legislador consideró necesario reforzar las medidas de seguridad vial en la zona metropolitana de Xalapa, ante los recientes accidentes registrados en vialidades de alta circulación.
Mencionó el percance ocurrido frente a la plaza comercial El Juguete, así como otro accidente de consideración registrado el pasado 30 de octubre en la zona de Cerro Gordo.
Indicó que la movilidad entre Xalapa y los municipios conurbados ha aumentado considerablemente, debido a que muchas personas que trabajan en la capital del estado viven en localidades de la zona metropolitana.
Por ello, consideró necesario fortalecer las medidas de prevención y vigilancia para proteger a motociclistas, peatones, usuarios del transporte público y automovilistas.
Asimismo, planteó revisar nuevamente la circulación de vehículos pesados por la ciudad, particularmente de los tractocamiones, al señalar que desde hace años se ha solicitado que utilicen el libramiento de Xalapa para evitar su paso por zonas que actualmente tienen características urbanas.
Respecto a los accidentes recientes, señaló que será necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades, pero insistió en que estos hechos deben servir para revisar las condiciones de seguridad vial y el tránsito de unidades de carga.
Por otra parte, el diputado se refirió a la aprobación de la Cuenta Pública, en la que se reportaron más de 2 mil millones de pesos pendientes de aclarar por parte de ayuntamientos veracruzanos.
Como integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, explicó que actualmente existe una limitación en el seguimiento de las denuncias que se presentan ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos daños patrimoniales que no fueron solventados por los entes fiscalizables.
Detalló que, una vez que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) realiza las auditorías, revisa las cuentas públicas y determina presuntas irregularidades que no fueron aclaradas, los expedientes correspondientes son enviados a la Fiscalía para que se investiguen.
Sin embargo, señaló que una vez presentadas las denuncias, el ORFIS y el Congreso del Estado ya no tienen facultades para conocer el avance de las carpetas de investigación, debido a que esa responsabilidad queda exclusivamente en manos de la Fiscalía y de las partes involucradas.
Recordó que durante la gestión de la anterior auditora se informó sobre la presentación de 128 denuncias contra exfuncionarios que no lograron comprobar el manejo de los recursos públicos, pero posteriormente no existía información sobre el avance de esos procedimientos.
El legislador consideró que esta situación genera incertidumbre tanto para los diputados como para los medios de comunicación y los habitantes de los municipios involucrados, pues no se conoce si los exfuncionarios lograron solventar las observaciones, si hubo reparación del daño o si las investigaciones continúan.
Añadió que incluso las actuales autoridades municipales han manifestado inquietudes sobre los recursos que quedaron pendientes de aclarar durante administraciones anteriores.
Ante este panorama, indicó que en el Congreso del Estado ya se ha planteado la posibilidad de impulsar modificaciones legales para dotar al ORFIS de facultades que le permitan dar seguimiento a las denuncias que presenta ante las autoridades ministeriales.
El propósito, explicó, es que exista mayor transparencia sobre el destino de las investigaciones, se conozca si hubo reparación del daño patrimonial y se informe a la ciudadanía sobre los resultados de los procedimientos contra quienes hayan incurrido en irregularidades en el manejo de recursos públicos.