– La mandataria estatal, afirmó que apoya tanto el denominado “Plan A” como el “Plan B” de la reforma, al señalar que ambas propuestas buscan atender una demanda ciudadana.
Redacción – Xalapa, Ver.; 13 de marzo de 2026.- Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, expresó su respaldo a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la reducción en el número de regidores y cargos públicos permitirá disminuir el gasto gubernamental en los municipios.
La mandataria estatal afirmó que apoya tanto el denominado “Plan A” como el “Plan B” de la reforma, al señalar que ambas propuestas buscan atender una demanda ciudadana relacionada con la reducción del aparato burocrático y del costo del gobierno.
Nahle García lamentó que el primer planteamiento no haya prosperado en el Congreso, pues consideró que quienes realizaron campaña política y tuvieron contacto directo con la ciudadanía conocen que existe un reclamo social para modificar la estructura de los gobiernos locales.
“Estoy totalmente de acuerdo. Apoyamos el Plan B y apoyamos el Plan A. Lamento que los diputados no estuvieran a la altura, porque quienes hicimos campaña y anduvimos a ras de suelo escuchamos a la gente y sabemos lo que se propuso”, expresó.
La gobernadora explicó que uno de los puntos centrales de la reforma es disminuir el número de regidores y otros cargos en los ayuntamientos, lo que permitiría reducir el gasto en nómina y destinar mayores recursos a la atención de necesidades prioritarias de la población.
Añadió que actualmente una parte importante del presupuesto municipal se destina al pago de sueldos dentro de la estructura administrativa, lo que limita la capacidad de inversión en obras y programas sociales.
“Reducir el número de regidores y el costo del gobierno es importante, porque a los municipios se les va mucho dinero en nómina y en burocracia, cuando hay muchas necesidades”, señaló.
Finalmente, reiteró que su gobierno respalda los esfuerzos para hacer más eficiente la administración pública y disminuir gastos que, desde su perspectiva, pueden destinarse a atender demandas sociales en las comunidades.