– Durante la discusión, el PAN recordó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán, víctima de ese delito.
Redacción – Xalapa, Ver.; 28 de octubre de 2025.- La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) Noemí Luna Ayala, subió a tribuna para aclarar que votarán a favor de la nueva ley contra la extorsión porque su bancada fue la primera en presentar dicha iniciativa.
“Por fortuna la presidenta la retomó. Y digo por fortuna, porque lamentablemente en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que lo retome, como en este caso”, remarcó.
Luna Ayala recordó que “propusimos con mucha claridad que sea perseguido de oficio este delito” sobre el dictamen que fue aprobado con 456 votos a favor, es decir, por unanimidad.
“No podemos olvidar casos tan dolorosos como el que pasó el pasado 20 de octubre, donde fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezó denuncias contra la extorsión en su región y que perdió la vida por una sola cosa, por confiar en la autoridad”, subrayó.
La vicecoordinadora del PAN resaltó que “ese crimen confirma lo que está pasando en el país, que denunciar te puede costar la vida”.
“Y no es el único caso, por atreverse a pedir protección y justicia”, remachó.
Luna Ayala consideró que “cuando una familia paga para vivir, el Estado ha fallado. Cuando un comercio paga para abrir, el Estado ha claudicado”.
La diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden retomó los lineamientos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana vertidos este lunes sobre la iniciativa presidencial para expedir la ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.
“Una medida que responde al clamor ciudadano frente a uno de los delitos que más lastima el tejido social, la economía social y la tranquilidad de las familias mexicanas”, dijo.
La diputada Saiden mencionó que de “acuerdo con las encuestas de victimización, más del 96% de los casos no se denuncian,lo que nos habla de una cifra realmente negra y alarmante. Miles de personas callan por miedo o por represalias”.
“Señaló que se pondrá fin a la fragmentación normativa que por años obstaculizó la justicia”, apuntó.
De acuerdo a la morenista habrá un fortalecimiento “de las policías estatales y de las fiscalías locales mediante la debida capacitación tecnológica y coordinación directa con la Federación, por lo que el nuevo esquema prioriza una comunicación ágil, efectiva entre todos los niveles de gobierno”.
“Se han registrado más de 400 detenciones de presuntos extorsionadores en coordinación precisamente con los gobiernos estatales. Este dato demuestra que la estrategia no es sólo normativa, sino que ya está en marcha”, resaltó.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar consideró que el dictamen es “una ley que en el papel suena bien, una ley que dice venir a combatir la extorsión, pero que en la práctica llega tarde, sin recursos y con muchas dudas e inconsistencias jurídicas”.
“Pero la intención es buena, nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes amenazan, a quienes cobran piso y a hacer sufrir a las familias mexicanas”, aseveró.
Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano exigió que “esta ley no puede ser una simulación, tiene que ser un parteaguas real para que el Estado se haga responsable de enfrentar la delincuencia organizada y deje de una vez esconderse tras los abrazos que solo les dio apapacho a los delincuentes y no a las víctimas”.
“Esta ley, y se lo digo al secretario Harfuch, por sí sola no basta si no hay voluntad política. Hoy el crimen extorsiona desde la calle y también desde dentro de los penales, lo dice el propio dictamen, miles, miles de llamadas de extorsión salen de Centro Penitenciarios que en teoría deberían estar controlados por el Estado”, resaltó.