– Se le acusa de uso indebido de atribuciones y peculado, relacionados con el probable desvío de más de 83 MDP.
Redacción – Xalapa, Ver.; 29 de julio de 2025.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el pasado miércoles 23 de julio ante la Cámara de Diputados una solicitud formal para iniciar el proceso de desafuero contra el senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador de Campeche.
De acuerdo con el documento remitido a la Secretaría General de la Cámara baja, el exmandatario priista es acusado de los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado, relacionados con el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos a través de contratos y pagos sin respaldo legal o documental.
La solicitud de declaración de procedencia, como se le denomina formalmente al trámite para retirar el fuero constitucional, fue confirmada por la propia Fiscalía Anticorrupción de Campeche en sus redes sociales. Esta etapa será revisada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que determinará si el legislador puede ser sometido a proceso penal.
En la solicitud se detallan cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, en las cuales se señala a Moreno Cárdenas como probable responsable de diversas formas de corrupción. Además, se involucra a 17 personas más, entre ellas varios exfuncionarios de su administración, dos de los cuales ya colaboran con las autoridades bajo un criterio de oportunidad, brindando información clave para fortalecer el caso.
Investigaciones previas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dieron a conocer cómo operaba una red de presunta triangulación de recursos mediante la compra y venta de propiedades en Campeche, en la que participaron familiares cercanos del político, como su madre Yolanda Cárdenas y su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también documentó transferencias millonarias desde cuentas empresariales vinculadas a Emigdio hacia el propio Alito, así como la adquisición de inmuebles en zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Moreno Cárdenas ha negado reiteradamente cualquier acto indebido y ha calificado las acusaciones en su contra como una persecución política.
El proceso de desafuero podría tener implicaciones significativas tanto en el ámbito jurídico como en el político, especialmente de cara a las definiciones internas en el PRI y las negociaciones legislativas en el Congreso federal.